Cuando el miércoles escuché en directo el fallo contra el coronel (r) Plazas no me generó ninguna sensación en particular, pensé que por una parte se hace justicia, pero también me pregunté cómo vamos a hacer para superar este tema y para saber la verdad de lo que pasó el 5 y 6 de noviembre. Pero cuando vi a Uribe rodeado de los generales en pose de golpe de estado, me empecé a preocupar. Así que he estado haciendo memoria de lo que recuerdo de esos días en los que era soldado de la patria.
Por una extraña coincidencia de situaciones biográficas he conectado de diversas formas con los hechos del Palacio de Justicia y quiero hacer algo de catarsis intentando organizar esos fragmentos de información que he recibido en diversos momentos y de las más variadas fuentes.
El 20 de junio de 1985 me gradué del Colegio Andino, el Colegio Alemán (Deutsche Shule) de Bogotá, uno de los más prestigiosos y respetados de la ciudad y el país. Unas semanas más tarde había sido reclutado por la Escuela de Infantería, adscrita a la 13ª Brigada del Ejército y con sede el Cantón Norte de Bogotá, para noviembre de 1985 ya había jurado bandera y era un soldado de una de las compañías de esa unidad, en espera que se licenciara el contingente anterior para pasar a la Escuela de Armas y Servicios donde cumplí con la otra mitad de mi periodo como soldado.
El haber salido de ese colegio me tenía en contacto directo o indirecto con familiares muy cercanos de uno de los ministros del gabinete de Belisario Betancourt, amigos comunes a estas personas me contaron que en Palacio de Nariño después de la toma, el entonces Ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, le había dicho a Belisario algo como: «o usted nos deja actuar ahora y después que solucionemos esta crisis sigue con su gobierno o deja de una vez el gobierno».
Como soldado, tuve la fortuna de no tener que entrar en combate, y lo digo con orgullo, porque la cobardía que entonces como ahora sentí de enfrentarme a matar otra persona, la considero ahora una condición básica para construir otras formas de relación, personal y política. Pero me salvé de tener que entrar en combate no por razones militares o políticas, ni porque yo hubiera tenido la valentía (esa si admirable) de haberme negado a combatir. Me salve por razones familiares, porque el teniente coronel Plazas Vega, nuestro vecino era el yerno del general Vega Uribe, el ministro y eso le dio prioridad para convertirse en héroe. Desde la lógica militar lo más adecuado era que se hubieran usado tropas de infantería (como las de la unidad donde yo estaba) y no de caballería (las que comandaba Plazas Vega).
La noche anterior a los hechos yo había salido del batallón y había dormido en mi casa, desde que los oficiales de mi compañía se enteraron que padre hacía avisos, con frecuencia me mandaban a mi casa para que volviera al otro día con un aviso para cualquier cosa que mi padre generosamente donaba a la patria.
Llegué al batallón, dudando qué era lo correcto para hacer, cagado del susto por la posibilidad de entrar en combate y pensando si lo que estaba pasando sería algo como lo que había pasado en Nicaragua pocos años antes y que había terminado con el gobierno de Somoza. Sin embargo, siguiendo la disciplina militar rápidamente fui a uniformarme y armarme, pero no encontré mi fusil, de hecho no quedaba ningún fusil en el armerillo de la compañía.
Fui a buscar a mis comandantes para reportar la pérdida del arma, pero la oficialidad del batallón estaba ocupada, tenían una reunión aparte de la tropa, que estaba formada en el patio de armas. El comandante del batallón, teniente coronel Jorge Enrique Mora (que luego llegaría a ser general y comandante de las Fuerzas Militares), estaba dando unas instrucciones, por tanto un simple soldado como yo tenía que callar. Mora le ordenó a un capitán, que era comandante de la otra compañía de mi mismo contingente (creo que se llamaba Félix Hernández) que saliera al Palacio de Justicia con un camión de tres toneladas cargado de rockets y con seis sargentos de la otra compañía del batallón que la noche anterior y que yo nunca había visto.
Después que apareció mi fusil, me uní a la tropa y esa noche nos tocó patrullar la zona de Chapinero.
Meses después en la Universidad Nacional los primíparos que habíamos sido soldados teníamos muchos temas en común, uno de ellos era el Palacio de Justicia. Recuerdo que alguno de ellos que había prestado servicio en el batallón Guardia Presidencial, me contó que después de la retoma del ejército ellos limpiaron el edificio destruido (años después entendí que eso había alterado la escena y evitado la recopilación de pruebas forenses), dos cosas recuerdo que había dejado impactado a mi compañero: una fue encontrar una masa informe completamente chamuscada, que después de chuzar con los restos de una máquina de escribir los soldados concluyeron que se trataba de un torso humano incinerado. La otra fue que las paredes interiores del Palacio habían sido demolidas por completo, «nunca usaron una puerta», dijo «simplemente derriban las paredes» entonces recordé al capitán Hernández y su camión de rockets.
Al avanzar en mis estudios en la Nacional rápidamente me alejé de los ex-soldados y me sentí más identificado con los activistas estudiantiles, muchos de ellos me comentaron que la primera información que tuvieron de mí es que era un «tira» (informante), lo cual siempre me pareció gracioso. Pero parece que aunque dejé de afeitarme y de cortarme el pelo desde que salí del ejército, cuando llegué a la Nacional, la paranoia de los izquierdistas les hacía pensar que un tipo que tenía el pelo tan corto, o que había estudiado en colegio tan burgués, o que había tenido que pasar por el servicio militar eran muestra que solo podría ser un espía.
Con el tiempo llegué a conocer algunas personas cercanas al M-19 que me contaron su versión de los hechos, nada que no sea hoy de dominio público. Que ellos estaban esperando dar un golpe de opinión como había hecho otras veces (la toma de la embajada de República Dominicana o el robo de las armas del Cantón Norte), que tenían armas y pertrechos para aguantar varios días, que no se imaginaron esa reacción del gobierno.
Casi 25 años después de estos acontecimientos miro al pasado y veo que tuve la suerte (o la maldición) de conocer un hecho histórico desde varias perspectivas.
Recuerdo alguna caminata hacía el polígono de tiro del Cantón Norte que queda en la parte superior de la Escuela de Caballería en la montaña que sube a La Calera. Algún soldado que caminaba cerca de mi pegunta sobre unas construcciones que hay en el camino, un suboficial lo manda callar, no se habla más del tema. El algún espacio a solas de los soldados alguien comenta que son el lugar donde se mantienen presos los comunistas, yo calló no quiero saber más…
Con los años he estado leyendo los reportes de prensa y algunos documentos sobre el tema, no soy especialmente aficionado a ellos, no he leído los libros y he perdido el contacto con las personas a través de las cuales conocí los diversos detalles que he contado.
Uno de los temas que más me ha llamado la atención en los últimos años ha sido la entrada en escena de un nuevo actor, el narcotráfico. Nunca nadie del M-19 había mencionado algo así, pero eso no garantiza nada. Mi conclusión personal sobre el tema es que si los narcos estaban interesados en destruir los expedientes del Palacio y los jueces que lo habitaban pudieron haber jugado por partida doble, tal vez ayudaron al EME, seguramente con alguna fachada, porque en aquel momento el M-19 era uno de las organizaciones más odiadas por el Cartel de Medellín, que por entonces estaba promoviendo la formación del MAS, uno de los precedentes del paramilitarismo, hoy campante en Colombia.
El beneficio para los narcos no hubiera estado en una toma larga y mediática como la que esperaban los emes, estaba en la real destrucción del palacio y la muerte de los jueces. Y nada ayudó más a ese fin que la desproporcionada fuerza y la estrategia usada por los militares en la retoma, los rockets del capitán Hernández y los tanques del teniente coronel Plazas Vega provocaron el incendio.
Es cierto que el holocausto del Palacio de Justicia no hubiera ocurrido si el M-19 no hace la toma, pero también es cierto que los resultados hubieran sido otros si la reacción del gobierno hubiera sido otra, incluso un escenario de retoma militar hubiera podido tener resultados más afortunados; para el país, para la democracia, para los rehenes e incluso para los mismos militares.
Los guerrilleros, autores materiales de la toma están todos muertos, no todos en combate, los comandantes del operativo Otero y Almarales fueron muertos después de ser capturados, Irma Franco desapareció. La mayor parte de la cúpula del Movimiento 19 de Abril de entonces ha muerto, un puñado de ellos están de nuevo en la vida civil.
Unos años más tarde la sociedad colombiana indultó al M-19, lo indultó el gobierno del presidente Barco, con la firma de los tratados de paz. Lo indultó el congreso con una ley para el efecto, uno de cuyos ponentes (supe recientemente) era el senador antioqueño Álvaro Uribe Vélez, hoy presidente de la república; pero sobre todo el M-19 fue indultado por la sociedad cuando recibió el reconocimiento de casi un millón de votos que lo convirtieron en la mayor fuerza única [[el Partido Liberal tuvo una mayor fuerza pero fue elegida en varias listas con lo que llamaron entonces la «operación avispa»]] en la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la carta que rige a Colombia desde 1991.
Los militares que participaron en esta acción fueron condecorados y exaltados como héroes, el general Arias Cabrales, entonces comandante de la brigada, el coronel Plazas Vega, el capitán Hernández y muchos más fueron condecorados. Cientos de personas aplaudieron su paso triunfal por la carrera Séptima de Bogotá de regreso a su cuartel, esas personas no sabía que en las panzas de los Urutú y los Cascabel iban prisioneras personas cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
A Plazas Vega lo condenó la justicia (25 años después) no por su «heroismo» para retomar el Palacio, lo condenó porque se demostró que sacó un grupo de personas que según su criterio militar eran sospechosas de ser guerrilleras, las detuvo sin entregarlas nunca a la justicia y las asesinó. Incluso una de esas personas sí era guerrillera: Irma Franco, si los militares hubieran actuado conforme a la ley, esta mujer debió haber sido entregada a la justicia, juzgada con las debidas garantías y condenada a una pena proporcional a la responsabilidad de sus actos, pero eso no pasó, alguien (¿el coronel Plazas Vega? ¿el general Arias Cabrales? ¿el general Samudio Molina? ¿el general Vega Uribe?) decidió que ella era culpable y que su pena debía ser la muerte, fue ejecutada y nunca se encontraron sus restos.
La izquierda ha celebrado junto a los familiares de las víctimas que se haga justicia. La derecha se ha quejado de la forma en que ha sido menoscabada la moral de la tropa. La revista Semana intenta una postura ecuánime y sugiere que la justicia penal militar debe ser fortalecida de manera que garantice el real castigo a los crímenes cometidos en servicio por los militares, insiste en la necesidad que los crímenes contra los derechos humanos deben seguir siendo de competencia de la justicia ordinaria, de hecho señalan como cada vez es un tema en el cual si la justicia nacional no es capaz de tomar cartas será tomado por la justicia internacional.
Pero si izquierda y derecha se han polarizado aun más alrededor de esta coyuntura, la actuación del presidente Uribe ha sido una de las peores en su largo mandato. En su alocución del jueves no solo no mencionó que como consecuencia de la retoma del Palacio de Justicia hubo personas inocentes que fueron desaparecidas, sino que insistió que no había ningún delito que se hubiera cometido en ese evento, con excepción de los cometidos por el M-19, aunque curiosamente nunca mencionó el nombre de esa organización.
Personas cercanas a Uribe como su ex-ministro Arias mencionaron que quienes pertenecían a esa organización (que tampoco la llamó por su nombre) ahora eran gobernadores de departamentos y candidatos a la presidencia, en una clara referencia a Antonio Navarro que era parte de la dirigencia del EME y a Gustavo Petro que estaba preso en ese momento por ser parte de la organización. No sé si la omisión intenta ocultar a Rosemberg Pabón, comandante de esa organización, quien dirigiera la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, es director de Dansocial o a Everth Bustamante que es director de Coldeportes.
Como ocurrió en 1985, la reacción es desproporcionada y causa más daño que el mismo hecho que la motivó. Uribe está en su derecho de subir la moral de las tropas, podría decir que está en desacuerdo con el fallo, pero pararse rodeado de los generales en camuflado da la sensación de un parte de golpe de estado, en algún momento dice que insta a las tropas y hace una pequeña pausa, yo pensé que iba a decir «a respetar y acatar las decisiones de la justicia» pero no, dijo a «mantener la moral en alto» y siguió hablando de combatir.
Muchos de los familiares al ser entrevistados después de conocerse el fallo decían que no se sentían felices, para ellos este proceso no es un tema de revancha, la justicia es una parte de lo que esperan, pero sobre todo esperan verdad, ellos necesitan saber donde están los restos de esas personas cuyo delito era ser pobres y trabajar en un espacio de poder, señoras que hacían tinto en la cafetería del Palacio de Justicia, el administrador de ese local, gente del común que nada tenía que ver con la batalla que se dio a su alrededor. Incluso la guerrillera que si estaba involucrada en el evento no tenía porque ser desaparecida, ni siquiera ejecutada.
Para superar como nación este evento y seguramente muchos otros de los muchos horrores que la larga guerra nos ha dejado la justicia es necesaria, pero aun más necesaria es la verdad, me hubiera gustado oír a alguno de los líderes nacionales convocar a algún mecanismo de encuentro, verdad y reconciliación, por ejemplo algo como el ubuntu con el que los sudafricanos lograron exorcizar los muchos crímenes que las diversas partes en conflicto cometieron a lo largo del duro periodo del apartheit, tal vez eso implique menos justicia, pero más verdad, más reparación, más aceptación pública de los propios errores que significarán reconciliación entre bandos que cada vez parecen más irreconciliabes.
